Asfixia, ahogo e impotencia. Esas son las sensaciones que le quedan a uno en el cuerpo después de conversar con una de las 94 personas a quien el dictador Daniel Ortega les quitó su nacionalidad y sus bienes a mediados de febrero.

Ahora, como parte del mismo paquete de abusos políticos y judiciales, el gobierno de Nicaragua comenzó a cancelar los registros como asegurados del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) a un grupo de pensionados que está dentro de las 94 personas a las que se les dictó la expatriación.

LadoB entrevistó a Mónica Baltodano, una de las figuras centrales en la insurrección sandinista de Managua en 1979 y una de las tres mujeres que al triunfar la revolución sandinista recibió el grado honorario de Comandante Guerrillera. A ella, tras aportar durante casi 40 años y estar  pensionada por el INSS, ahora se la expatrió y se eliminó su jubilación.

Baltodano fue durante los primeros gobiernos sandinistas, una dirigente importante de la revolución, viceministra de la Presidencia, Ministra de Asuntos Regionales y diputada hasta que se opuso al pacto en el que el expresidente Arnoldo Aleman y Daniel Ortega se repartieron los principales resortes del poder en Nicaragua.

Ya desde la oposición, Baltodano participó del Movimiento de Renovación Sandinista y luego fue detenida, en marzo del 2019, por pedir la libertad de los presos políticos.  

En abril del 2018 tras una protesta estudiantil el gobierno de Daniel Ortega desató una represión que terminó con más de 300 asesinatos civiles.

 

Hoy es parte del exilio y del despojo que se les impone a los opositores del régimen y analiza la fuerte señal de desaprobación que envían los antiguos aliados de Ortega en la izquierda de Sudamérica y Europa, (como los presidentes de Chile, Colombia, Argentina, México y España) al acoger con sus nacionalidades a todos los expatriados por la dictadura. 

Al filo de cumplir los 70 años lejos de su León natal, Baltodano desmenuza los macabros métodos que el régimen de Ortega utiliza para sostenerse en el poder y relata las extremas condiciones de encarcelamiento que se le impusieron al obispo católico Rolando Alvarez, tras negarse a abordar el avión que expatrió a 222 opositores el pasado 9 de febrero.

Usted es parte de los 94 nicaragüenses que el gobierno de Daniel Ortega declaró como apátridas por supuesta traición a la patria. El quitar la nacionalidad es una pena que en la antigüedad era similar a la pena de muerte, es un castigo máximo, extremo ¿Cuál es su lectura de esta expatriación masiva de opositores?

El propósito de Ortega es el fusilamiento, la eliminación civil y material de todos nosotros, de los 94 expatriados, pero también de los 222 opositores que estuvieron guardando prisión de forma brutal, algunos de ellos hasta tres o cuatro años.

Y de monseñor Monseñor Álvarez, a quien también habría que agregar como el expatriado 95 ¿verdad? Él es el número 95, porque a él ya le dictaron también esa sentencia. Es un intento expreso de quitarnos la nacionalidad, el derecho a ser electos o de ocupar cargos públicos y también la “incautación” -que es una palabra que se utiliza para las drogas- de todos nuestros bienes.

Nos está quitando a los adultos mayores, a los que teníamos pensión de retiro o pensión de jubilación, también nos quitan la pensión. Entonces quiere aniquilarnos políticamente y civilmente, pero también condenarnos a la mendicidad, porque nosotros para vivir dependemos de nuestra pensión y del  alquiler de nuestra vivienda que ya habíamos dejado producto del exilio.

 

Tras meses de prisión, la precandidata Cristiana Chamorro, su hermano Pedro Joaquín Chamorro y el director del diario La Prensa, Juan Lorenzo Hollmann abordo del avión que los llevo al destierro en Washington.

 

En esto de quitar la nacionalidad y quitar los bienes y todos los derechos civiles de un ciudadano o una ciudadana, hay también un intento de apropiarse de la “patria”, es decir, de arrogarse la potestad de dar o de quitar cosas como la nacionalidad y los bienes

Así es y Ortega ya lo venía haciendo desde desde hace muchos años, porque todos los poderes están totalmente subordinados a él. 

Él mismo dicta las leyes, él mismo las interpreta, él mismo las aplica, él mismo dicta sentencia, él mismo resuelve lo que va a decir la Corte Suprema… él venía haciendo uso de ese control absoluto desde hace rato. En su concepción él es la patria, él es la soberanía y, cuando él nos dice traidores a la patria se refiere a “los que me han sido desleales” o “los que no se me subordinan”. Porque él es la encarnación del concepto de la patria y del soberano. Toda la soberanía está atrapada en esa pareja ¿verdad?

¿Quienes menoscaban la integridad territorial? Los que hablan en el extranjero o los que dan declaraciones en contra de su gobierno.

Ya había venido aplicando de hecho actos que limitan o anulan la nacionalidad. Por ejemplo, en enero del año pasado, nosotros denunciamos -mi esposo, mi hijo Mansur y yo-  la negativa a renovar los pasaportes. El pasaporte es un documento que los Estados están obligados a dar a sus ciudadanos cuando cumplan los requisitos y los procedimientos. Entonces, ya él viene haciendo esto desde antes.

Esa traición de la que habla es decir: ustedes son traidores a mí y como yo soy la patria, ustedes son traidores a la patria.

Daniel Ortega tiene 78 años y gobierna Nicaragua desde 2007 mediante procesos electorales que han sido calificados como “ilegítimos” por la Organización de Estados Americanos.

 

Una de las características de todo este proceso es que toda la persecución se organiza a partir de controlar instituciones claves del Estado nicaragüense como la justicia, el Congreso, la policía, el ejército, lo que finalmente le da una apariencia de legalidad. No figuran como órdenes directas de Ortega 

Sí, absolutamente, esto comenzó desde antes de que él (Daniel Ortega)  llegara al gobierno por medio de un pacto que hizo con el expresidente  Arnoldo Alemán en el año 99. Reformaron la Constitución y pasaron de una Corte de ocho personas a una Corte de 16 personas:  ocho para Arnoldo Alemán, ocho para Daniel Ortega. Y así hicieron con todos los poderes.

Luego, cuando ya Daniel (Ortega) llega a la presidencia, por medio de mecanismos policíacos, chantajes, fotografías y métodos extorsivos logra tener el control de todos los poderes, aún de aquellos que provienen de las filas liberales o de las filas de la antigua oposición.

El principal poder que le permite eso es el Consejo Supremo Electoral, porque es a través del Consejo Supremo Electoral logra hacer los sucesivos fraudes electorales. 

Él tiene el control de los parlamentarios, ellos sólo aprietan el botón ¿verdad? Y la Asamblea está llena de gente a la que el salario de diputado le es tan vital que no osan romper la cohesión.

Y, cuando alguno la rompe, al día siguiente los destituye sin mediar proceso alguno.  Hay varios diputados de sus propias filas que hoy son diputados y mañana ya no lo son. Entonces no hay manera de que se creen contrapesos lógicos de una sociedad democrática.  

Quien rompe debe atenerse a las consecuencias como Rafael Solís, que era magistrado de la Corte Suprema de Justicia y ahora forma parte de los 94 desterrados y desnacionalizados.

 

Usted fue parte de de todo el proceso de derrocamiento de Somoza y siempre se la nombra como la Comandante Mónica Baltodano  ¿Usted llegó a tener un cargo formal en el Ejército luego de la Revolución? La pensión a la que usted se refería antes ¿Era una pensión por como comandante sandinista?

No, le explico: inmediatamente después del triunfo de 1979 se establecieron dos rangos honoríficos: Comandante de la Revolución, para los miembros de la Dirección Nacional del FSLN y después, a los que estuvimos en los distintos frentes de lucha y que dirigimos tropas guerrilleras, se nos dio el grado de Comandante Guerrillero. 

En 1979, Mónica Baltodano fue parte de la insurrección que tomó la ciudad de Managua y una de las tres mujeres que comandaron unidades guerrilleras durante el derrocamiento de Anastasio Somoza.

 

Éramos 36 esa condición entre los cuales había tres mujeres: una es Dora  María (Tellez) -quien estuvo encarcelada y que también forma parte de los 94 expatriados- la otra era Leticia Herrera y yo. Tres mujeres nada más fuimos Comandante Guerrillera. Un cargo honorífico que tenía que ver con que habíamos tenido tropas a cargo y organizado militarmente un frente de lucha, Dora María (Tellez) dirigió el Estado Mayor Occidental, yo estuve en el Estado Mayor de Managua y dirigí un batallón, entonces era un rango para quienes estuvimos vinculados a la lucha y sobre todo a la a la parte de la insurrección.

Después nos dispersamos. Una parte quedó en el ejército, otros fundaron la Policía Sandinista y así. Yo tuve responsabilidades puramente civiles. 

Cuando te digo mi pension, es que de acuerdo a la Ley de Seguridad Social, cuando estás afiliada al Seguro, una va acumulando cuotas por su trabajo yo tenía casi 40 años de cotizar y con mi esposo teníamos una pensión de la que vivimos hasta ahora.

 Parte del castigo impuesto ahora es confiscar los bienes a los expatriados ¿este proceso de confiscación de bienes ya comenzó? 

Sí, ya comenzó, pero es una cuestión jurídicamente absurda porque nosotros no hemos sido procesados, no hay un proceso, somos acusados, pero a la misma vez de que nos acusan, nos dictan de alguna manera, sentencia. Es totalmente sin base legal porque la Constitución de la República de Nicaragua es expresa y clara en que nadie puede ser despojado de su nacionalidad.

Por eso, el propio 9 de febrero (el día que Ortega expatrió a 222 opositores en un avión hacia Washington), sesionó de emergencia la Asamblea y reformó la Constitución y aprobó que sí se pueda quitar la nacionalidad. 

Pero, en Nicaragua, una reforma de la Constitución requiere ser aprobada en dos legislaturas y la próxima legislatura será hasta el 2024. Es decir, para que esta medida pueda ser válida y la respectiva Constitución efectiva, tiene que pasar a un segundo debate y una segunda aprobación el próximo año.  

 

Uno de los nombres que faltaron en la lista de expatriado en el avión a Washington fue el de monseñor Rolando Álvarez. ¿Qué información tiene sobre él? ¿Cuál es su situación actual?

Es brutal porque está en una galería de máxima seguridad. Ahí estuvo encarcelado mi hermano Ricardo. Tengo una foto que cuando la ví me puse a llorar. Estaban ahí, mezclados con presos comunes y los presos comunes lograban de cualquier manera meter cámaras, por eso me mandaron una foto y yo, cuando vi cómo estaba mi hermano me puse a llorar. 

Pues a monseñor Álvarez lo tienen en peores circunstancias, porque dentro de esa galería de máxima seguridad hay un área a la que los presos le dicen “el infiernito”  porque es un infierno estar ahí, es invivible estar ahí, el calor es tan brutal que la temperatura llega a 40 grados porque las celdas están totalmente orientadas, sin ninguna protección, hacia  el sol. 

Así lo tienen a monseñor Álvarez como castigo por no haberse subido al avión, porque les aguó todo su plan de aparentar magnanimidad mandando a los presos desterrados a Estados Unidos. Entonces es brutal.

El obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez fue condenado a 26 años de prisión tras negarse a ser deportado a Estados Unidos.

 

España y otros países se ofrecieron a dar la nacionalidad al grupo de los 94 y de los 222 expatriados ¿Usted se va a acoger?

Estaba pensando la verdad, ahora también están hablando de la nacionalidad argentina, que la ofreció también el presidente Alberto Fernandez y es importantísimo también que se le sumó el gobierno de México, que ha sido históricamente un país acogedor de los exiliados y ahora para los desterrados y desnacionalizados. Entonces, le estamos dando vueltas a ver qué es lo que más nos conviene en nuestras condiciones materiales y físicas ¿verdad? Mi esposo tiene 77 años y yo 68, nosotros dos estamos en una situación muy, muy difícil.