Ni una disculpa pública por no haber cerrado la carretera ante la falta de condiciones seguras para circular, ni una propuesta de ayuda para curar sus heridas físicas y psicológicas, ni una compensación económica para las familias de los nueve fallecidos, ni una reunión con el Ministro de Obras Públicas o con el director del Conavi.

Nada de esto ocurrió, luego de que el 17 de setiembre del año pasado una avalancha de barro y piedras arrastró un autobús de la empresa Alfaro a un precipicio de 100 metros, mientras circulaba por una carretera bajo control y supervisión del Estado.

Poco antes de esa tragedia, otro derrumbe similar había caído sobre la vía, las lluvias eran intensas y, aún así, apenas despejados los escombros del primer derrumbe se reabrió la vía y se permitió el tránsito a un transporte público cargado de pasajeros.

A cinco meses de aquella noche, Boris Molina, uno de los abogados de las víctimas conversó con LadoB y aseguró que el Estado le dio la espalda a las víctimas del accidente y que hoy esas personas deben afrontar su duelo, sus necesidades y sus heridas, en el desamparo.

“El ministro (Luis Amador) ni siquiera nos atendió, el Presidente (Rodrigo Chaves), tampoco, aunque debo confesar que el presidente, se portó muy bien con esa muchacha Kelly que iba a estudiar a Rusia. Él la llamó personalmente, el Canciller le ayudó muchísimo para que ella se pudiera regresar -entiendo que hasta  le sufragaron los pasajes y le dieron todas las condiciones para que se viniera- Entonces yo le solicité a esa niña que le escribiera, porque el Presidente le dio su número personal y le dijo que que lo llamara y entonces ella le solicitó una cita y él no contestó. Igual ha pasado con el ministro de Transportes. Fue así”.

El abogado de las víctimas asegura que los asesores legales del MOPT inicialmente estuvieron anuentes a sostener varias conversaciones pero luego le indicaron que no había interés en negociar nada y que, si las víctimas lo consideraban conveniente, podían iniciar acciones legales.

Según Molina, los sobrevivientes al accidente solo accedieron a la póliza del Seguro Obligatorio de Automóviles del INS que otorga hasta 6 millones de colones en cobertura a víctimas de accidentes viales y que, por razones que aún no han sido aclaradas, no se activó la póliza voluntaria de la empresa autobusera que cubría hasta 400 millones de colones.

¿Imprevisible?

El abogado de las víctimas cuestionó la tesis esgrimida por el Ministro Luis Amador quien alegó en su comparecencia ante los diputados de la Comisión de Infraestructura del Congreso, que el derrumbe que arrastró al autobús ese 17 de setiembre pasado, fue un hecho imposible de anticipar o prever.

Para Molina, los antecedentes del derrumbe previo, las copiosas lluvias y la inexistencia de un protocolo oficial que definiera las condiciones para  la apertura y cierre de esa carretera señalan una responsabilidad penal para la persona jurídica del Estado.

“No existían esos protocolos y tenían que existir. Aquí hay una Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas que involucra a las instituciones del Estado, que fue dictada en noviembre del año 2009 y que obliga a que se dejen ese tipo de protocolos”. 

El abogado asegura que existe prueba suficiente  en el mismo Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que les permitirá demostrar judicialmente que el accidente sí era previsible y que el gobierno no tomó las acciones necesarias para que eso no ocurriese.

Dolor y secuelas

Al dolor por la pérdida de los seres queridos y la falta de sustento económico que provocó la muerte de personas que eran el soporte de sus hogares, se suman los traumas psicológicos que, en opinión del abogado Boris Molina son la parte más difícil de superar.

“La parte más crítica para esta gente, son las secuelas psicológicas, obviamente también tienen secuelas físicas, pero psicológicamente se han visto muy afectadas. Por ejemplo, hay una niña de 11 años que iba con su mamá,  su papá, su tío y su abuela.  La abuela murió protegiéndola a ella del calor intenso del motor porque quedaron atrapadas cerca del motor del autobús y la abuela, por proteger a su nieta, se quemó completamente y finalmente falleció.  Esa niña tiene muchos traumas psicológicos, producto de un accidente no quiere montarse en autobuses, no duerme bien. En fin, le ha ido bastante mal.

El abogado puntualiza que las pretensiones de las víctimas van en tres dimensiones:

“Una que tiene que ser de carácter ejemplarizante, que es decirle al Estado: mire, usted está obligado a tomar las decisiones que se necesiten para que esto no vuelva a pasar. La otra es de disculpa pública. Estas familias ni siquiera ha recibido eso de parte del Estado ni de la empresa. Y por supuesto, la tercera es de un componente económico que las familias y las personas afectadas directamente tendrán que recibir, porque esto les cambió la vida también desde el punto de vista económico”.

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